Uno de ellos radicado en Comodoro Py, donde fue imputada por el fiscal Ramiro González, por presunta malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. En tanto, en la justicia federal de Quilmes la fiscal Silvia Cavallo impulsó la acción penal ante la denuncia periodística sobre la posible destrucción de documentación. En el marco de este último expediente, el juez federal Luis Armella impulsó una serie de medidas tendientes a conocer el estado patrimonial de los acusados. La orden del levantamiento bancario también alcanzó a Raspa, Bordalejo y Scozzari, como también al conjunto de cooperativas bajo investigación. ​ Según entendió la fiscal Cavallo, la operatoria cuestionada “tendría como finalidad el desvió de fondos -en beneficio de funcionarios públicos- a diversas sociedades constituidas en el extranjero".

En el marco de la causa que investiga una estructura utilizada para el presunto desvío de 535 millones de pesos, el juez federal de Quilmes Luis Armella ordenó que se levante el secreto bancario y fiscal de Mayra Mendoza, como también de ex funcionarios de su municipio y de un grupo de cooperativas receptoras de los millonarios contratos bajo análisis. Además, se pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) un análisis patrimonial de la intendente de Quilmes.

Mendoza afronta dos expedientes por corrupción. Uno de ellos radicado en Comodoro Py, donde fue imputada por el fiscal Ramiro González, por presunta malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron acusados Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.

En tanto, en la justicia federal de Quilmes la fiscal Silvia Cavallo impulsó la acción penal ante la denuncia periodística sobre la posible destrucción de documentación.

En su dictamen, Cavallo solicitó que se investigue a la intendenta de Quilmes, al subsecretario de Hábitat de ese municipio, Roberto Raspa, a un abogado y a un empresario por los delitos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos, por una cifra que superaría los 500 millones de pesos.

En el marco de este último expediente, el juez federal Luis Armella impulsó una serie de medidas tendientes a conocer el estado patrimonial de los acusados.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que en esa batería de medidas de prueba se ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de la intendente de Quilmes y referente de La Cámpora.

La medida busca conocer en detalle “los movimientos de dinero de sus cuentas bancarias, declaraciones juradas patrimoniales, movimientos tributarios y todo movimiento financiero”.

La orden del levantamiento bancario también alcanzó a Raspa, Bordalejo y Scozzari, como también al conjunto de cooperativas bajo investigación. La fiscal había requerido esto ante “las presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de fondos públicos nacionales por parte de funcionarios de la Municipalidad de Quilmes en el marco de diversas contrataciones realizadas con la Federación de Cooperativas de Trabajo 1ro de Mayo Ltda., la Cooperativa de Trabajo Unión de Azul Ltda., la Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada, la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda., la Cooperativa Progreso y la firma The Wolf Building SA.”

Junto con esta medida -notificada a la AFIP y a las entidades bancarias- el juez Armella libró un oficio a la UIF para solicitar el análisis patrimonial de Mayra Mendoza, todos sus movimientos financieros, como también del resto de los imputados en el expediente.

“Se busca determinar las consistencias económica-financieras de todos los acusados”, indicaron fuentes del caso.

El planteo dirigido a la UIF incluye también a las cooperativas que fueron las adjudicatarias de los contratos por 535 millones de pesos que confeccionó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, para la limpieza de plazas y otros espacios públicos en la ciudad.

Según entendió la fiscal Cavallo, la operatoria cuestionada “tendría como finalidad el desvió de fondos -en beneficio de funcionarios públicos- a diversas sociedades constituidas en el extranjero”. Todo ha se habría desarrollado entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.

Las firmas radicadas fuera del país que están bajo la lupa son Borda Investments LLC, SCO Investments LLC y Raspa Investments LLC. Según señaló la fiscal, estas compañías “se encontrarían asociadas a Mayra Mendoza, al ex secretario de Hábitat, Sebastián Roberto Raspa, y a un abogado y un empresario”, todos imputados por ella.

Lasc cuestionadas contrataciones que hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes con las cooperativas que debían limpiar las plazas y espacios públicos representaron una erogación de 535.265.793,58 pesos.

Una vez que la UIF entregue los informes patrimoniales al juez Armella, se librarán exhortos a la justicia de Miami para conocer en detalle el movimiento de fondos de las firmas offshore, datos de su constitución, sus integrantes y la posible conexión con las cooperativas radicadas en Quilmes.

Cuando se dio inicio a la investigación, tras la publicación del sitio El Disenso, se sostuvo que “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza, que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.

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