Como regalo a Sergio Massa al cumplir su primera semana de gestión como superministro, el Círculo Rojo se puso en pie de guerra por las consecuencias negativas en el empleo y las inversiones que, advierte, generará el anticipo extraordinario del impuesto a las Ganancias del ejercicio 2022, anunciado por el jefe de Economía a través de una disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La medida, diseñada originalmente por la exadministradora Mercedes Marcó Del Pont, afectará a 1.900 grandes empresas que se beneficiaron con aumentos en la rentabilidad debido a la suba de precios que provocó la invasión de Rusia a Ucrania. Las compañías afectadas criticaron la falta de reglas claras y la incertidumbre en la planificación de los negocios, que impactará, también, en los costos financieros ante la suba de la tasa de interés dispuesta en los últimos meses por el Banco Central.
Entidades que conforman el Grupo de los Seis (G6) comenzaron a trazar un escenario de impacto de la medida que el gobierno de Alberto Fernández diseñó para captar nuevos ingresos al Tesoro nacional, de modo de hacerle frente a la caída de reservas del BCRA y la decisión de evitar emisión monetaria para solventar los gastos para mejora del poder adquisitivo de jubilados y pensionados. Con esos ingresos extra para este período, Economía cubrirá los costos de la decisión que anunciaron Massa y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, de otorgar un incremento de haberes del 15,5% y un bono adicional de 7.000 pesos, ante la crisis económica disparada por la inflación.
El Círculo Rojo está preocupado por los compromisos de la situación a futuro que dispara la medida. Las empresas creen que el adelantamiento de la recaudación que debería obtener el Estado a mediados de 2023 generará un agujero fiscal dentro de un año, lo que implicaría “un nuevo factor de imprevisibilidad respecto a los mecanismos que se diseñarán a futuro, con mayor presión tributaria potencial para el financiamiento de las cuentas públicas 2023”.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, hizo una analogía ante Letra P para explicar esta preocupación. “Es como no tener sueño y tomar dos ansiolíticos para dormir, pero mañana, ¿tampoco dormís? Son las artificialidades de nuestro país. Las soluciones tienen que ser otras. Es cierto que se necesitan ingresos urgentes, pero lo principal es controlar los egresos. No se puede seguir viviendo en una fiesta cuando no hay recursos”, señaló. En diálogo con este medio, el empresario auguró problemas para todo el sector productivo, tanto en la cadena primaria del agro y la secundaria de la agregación de valor como en la terciaria, donde están el comercio y los servicios. “Cualquier medida que sume impuestos o adelantos no previstos va a repercutir negativamente en la economía”, afirmó.
Coincidió el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, al augurar que “cualquier aumento de impuestos o adelanto, como en este caso, desalienta la inversión”. “La Argentina tiene una presión impositiva enorme y cualquier modificación complica”, afirmó, consultado por Letra P.
El adelantamiento del impuesto a las Ganancias por renta inesperada compensará la falta de la ley con la que el Gobierno pretendía cobrarles a las grandes empresas un tributo extraordinario ante mayor rentabilidad generada por la guerra en Ucrania. Si bien el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, aclaró que “las leyes están para cumplirse”, fuentes de distintos sectores económicos admitieron que “hay riesgo de judicialización de parte de las firmas que se sientan afectadas”. Por lo pronto, las entidades descartaron acudir a la Justicia para evitar antes de tiempo el tributo, aunque dejaron sentada la “preocupación” por lo que, consideran, “significa lisa y llanamente afectar el capital de trabajo de las empresas y, con ello, las posibilidades de inversión y de empleo, al establecer obligaciones adicionales de carácter tributario”, en palabras del jefe industrial.
La UIA prepara un duro informe sobre el impacto en las fábricas. La entidad trabaja en un documento preliminar que considera al adelantamiento como una nueva forma de presión impositiva, a pesar de que no se presente como un nuevo tributo. Para los industriales, la salida anticipada de fondos de las empresas golpeará la recuperación económica del país y la generación de empleo. Las inversiones planificadas y las que están en marcha deberán ser reemplazadas con financiamiento en el mercado. “El incremento del costo financiero del sector productivo afectará al capital de trabajo de las empresas, en un contexto de suba de tasa de interés”, se enfatiza en el borrador del documento.
Los ceos se quejaron, además, porque la nueva norma implicaría la quinta modificación relevante del impuesto a las Ganancias de las empresas que se realiza en el período de los últimos diez años, con la “gravedad” de que es la segunda en lo que va de 2022. Por eso, “el cambio de reglas de juego”, como denominan a la decisión de la AFIP, “agudiza la incertidumbre y afecta la previsibilidad” del sector, señalaron las fuentes consultadas por este medio.
Más grave, advierten las empresas, es la posibilidad de una ruptura de la cadena de pagos ante la “desarticulación de los flujos de caja, ya que cuentan con pagos comprometidos”. La modificación en los anticipos de Ganancias podría derivar, “en muchos casos”, en “demoras” en los pagos a proveedores o “dificultades” para cumplir con deudas que mantienen las empresas. La alerta llegó cuando las fábricas “comenzaban a recuperarse pospandemia”.
El otro fantasma es el endeudamiento caro, por las supertasas de Massa. Incluso, la crisis llegaría incluso a “la incertidumbre de afrontar el pago de salarios o las inversiones”, suben la apuesta las compañías. “Esta medida es tan intempestiva que golpeará al empleo formal, a la creación de valor y a la producción en todo el país”, dijeron en la UIA.
