La lección de fondo es que la política es “mala pagadora” en este tipo de circunstancias. La Corte pidió al juez contencioso administrativo las actuaciones que derivaron en el fallo conocido el 16 de diciembre. La encerrona en la que quedó el oficialismo está radicada en la ley eventual del Consejo. Es decir que la ley podría consolidar el peor escenario para el kirchnerismo, pero ahora de forma permanente. La designación de representantes puede derivar en una percepción de claudicación o en un verdadero escándalo institucional.

Para lo primero sería un caso único en la historia que se anuncie que una sentencia que se cumplirá al vencimiento de un plazo de 120 días constituye un elemento golpista y sorpresivo, y que por sobre todas las cosas pudo haber sido conjurado de múltiples maneras institucionales en ese lapso. La ambición por el dinero que administra ese órgano exhibe un desconocimiento peor: el Consejo está virtualmente quebrado con un rojo permanente y hasta paga cargas sociales en cuotas a la AFIP.

Sin embargo, que todavía resten dos miembros por la segunda minoría del Legislativo para ser designados no obstaculizará que se comience a trabajar con un quórum mínimo de 12 que ya está asegurado. En el camino, la Corte desparramó al juez federal de Paraná al que no solo le quitó la causa con la que había coqueteado con una cautelar que pretendía bloquear todo, sino que lo dejaron a tiro de juicio político pulverizándolo con adjetivos disvaliosos por lo que entienden que fue un intento de alzamiento contra un fallo del máximo Tribunal. La lección de fondo es que la política es “mala pagadora” en este tipo de circunstancias. El oficialismo haría bien en apurar su aval para la Cámara Federal de Rosario para blindarlo.

Hubo señales temprano. La Corte pidió al juez contencioso administrativo las actuaciones que derivaron en el fallo conocido el 16 de diciembre. Inmediatamente exigieron al entrerriano Daniel Edgardo Alonso que remita en un plazo máximo de 3 horas la cautelar que -pedida por un diputado del FdT- ordenaba a los presidentes de las Cámaras que no designen a nadie para el Congreso. Hasta ese momento, el oficialismo estaba increíblemente aferrado a que un juez de primera instancia les ordenara que no podían actuar de acuerdo a sus facultades. Con la firma de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda declararon todo nulo lo actuado por Alonso y pidieron revisar su actuación… al Consejo.

“Esta Corte advierte que el magistrado actuó con ostensible ausencia de jurisdicción… e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de una sentencia firme”, fustigó el máximo Tribunal. “Claramente se entrometió”, afirmaron para concluir que Alonso “se alzó de manera flagrante y directa” contra un fallo supremo “pretendiendo imposibilitar su cumplimiento”, en una actuación judicial “deformada” que debieron “extinguir”. Por último, le descerrajó: “el magistrado actuante -con notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes de este Tribunal- ha dado trámite a una acción promovida por quien manifiestamente carece de legitimación activa (por el diputado Marcelo Casaretto)”. Eso lo hizo antes de advertir que enviaría la evaluación de su conducta al órgano disciplinario.

Una hora antes, la Corte había despejado gran parte del panorama a través de una sentencia de ejecución del fallo en cuestión sobre el Consejo. Dio por asumido a Rosatti –algo obvio que este diario ya había informado- y anunció que requería la documentación para proceder a tomarle juramento a los consejeros designados, con un párrafo dedicado a la última definición que ayer dejó a Pamela Tolosa como la nueva académica a incorporarse. Como al pasar dijo que todos los organismos que debían designar consejeros “consintieron” la sentencia de diciembre (aunque no eran partes) lo que pareció una picardía. Valoró que el Consejo haya adoptado las medidas para cumplir el fallo y “aclaró” que el inicio de mandato de forma “conjunta y simultánea” no implicaba que todos estuvieran presentes ayer, sino en el caso de que pudieran asumir antes. Esa muletilla había esperanzado al kirchnerismo con que la Corte no pudiera hacer lo que iba a hacer desde el 16 de diciembre.

“Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”, dijo en un dardo dirigido al Congreso para luego poner en funcionamiento de manera “inmediata” al Consejo.

La encerrona en la que quedó el oficialismo está radicada en la ley eventual del Consejo. Con “media” sanción del Senado su pronóstico en Diputados es inviable, porque la oposición ya tuvo el tiempo para abroquelarse detrás de un formato de 20 y se encolumnan detrás de un integrante de la Corte para la presidencia. Entonces, o naufraga el proyecto oficial o se modifica con un escenario muy similar al que se puso en funciones ayer. Es decir que la ley podría consolidar el peor escenario para el kirchnerismo, pero ahora de forma permanente. Esos 90 días solicitados –más allá de que implicarían el decreto de una parálisis hasta agosto- sería un arma de doble filo. Con la anulación de la cautelar de Entre Ríos, tanto Cristina de Kirchner como Sergio Massa quedaron a la intemperie respecto al eventual incumplimiento de un fallo de la Corte. La designación de representantes puede derivar en una percepción de claudicación o en un verdadero escándalo institucional.

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