El fiscal consideró que “el estrechísimo vínculo” entre Cristina Kirchner y Lázaro Baéz “esta más que acreditado”
“Es una relación que quema, como no va a pretender tomar distancia”, consideró el fiscal sobre la actitud de la vicepresidenta y remarcó: ”El estrechísimo vínculo esta más que acreditado a partir de que de manera sostenida en el tiempo se efectuaron entre ellos millonarias operaciones de compra y venta inmobiliarias”.
Mientras Lázaro Baéz, a través de sus empresas constructoras recibía millones como producto del otorgamiento ilegal y direccionado de los contratos de la Obra Pública, se le pagaban anticipos financieros. Al mismo tiempo Lázaro Baéz se convertía en el principal adquirente de las propiedades del matrimonio presidencial, además, en el administrador de sus hoteles y por si esto fuera poco, en el inquilino de otras propiedades”, siguió Mola y enfatizó: “Lázaro Baéz se convirtió así no solo en un contratista privilegiado del Estado, fue el contratista privilegiado de los jefes de Estado”.
“Es absolutamente chocante al sentido común que una persona que era monotributista, sin bienes, sin conocimientos específicos en la materia montara semejante estructura y que la administración pública ni se inmutara”, advirtió el fiscal Mola sobre el favoritismo que hubo para Lázaro Báez, quien de un momento a otro, y en una situación “notoria, desconcertante, llamativa” en 2003, se convirtió en el contratista más importante de Santa Cruz, según la exposición de los magistrados durante la jornada de hoy.
“A estos tipos hay que hacerles caso, si no querés aparecer flotando”
Para demostrar cómo operaban, el fiscal Mola presentó el testimonio del contador Merino. “En un momento el contador se refiere a que a estos tipos hay que hacerle caso, si no querés aparecer flotando allá”, contaba Merino en un video. “Nos miramos con la contadora y no supimos que hacer. En ese entonces mi hijo más chico tenía unos siete años. Lo llevaba en transporte escolar a la escuela y lo dejaba a una cuadra. Mi temor fue tal que iba todos los días para esperarlo y acompañarlo”, llegó a decir el hombre antes de que su relato se interrumpiera porque se emocionó. A veces las imágenes valen más que muchas palabras” remarcó Mola y siguió con su alegato.
El caso de la empresa Gotti y Báez como interventor
El fiscal detalló el caso de la constructora Gotti “considerada una de las sociedades más importantes instaladas en Santa Cruz”. El fiscal relató que fue la hija del dueño de la empresa, Fabiana Gotti quien aseguró que “tiempo antes de morir su padre le dijo desde el poder político de la provincia Santa cruz que era presionada para que vendiera la empresa”.
“Concretamente estas presiones implicaban ahogar financieramente a Gotti al no pagarle las obras concluidas. Le habían metido a un interventor, Lázaro Baéz, el amigo del Presidente”, remarcó Gotti.
De la declaración de Fabiana Gotti se desprende, además, que ante las amenazas constantes su padre le había dado un arma porque “temía por su familia”. Tiempo después, el y su mujer fallecieron en un accidente automovilístico que según Mola “siempre quedó la duda si fue o no un atentado”.
Después de casi seis horas de alegato, el fiscal Luciani dejó el micrófono y tomó la palabra, para terminar con la primera jornada de alegatos de la fiscalía, Sergio Mola, fiscal que colabora en esta causa con Luciani.
“Vamos a adentrarnos hacia una visión de cada uno de los eslabones de esta maniobra”, comenzó Mola. Al primer capítulo de su exposición lo presentó como “el apoderamiento de empresas”.
“Se asfixiaba a las empresas para obligarlas a vender y ahí aparecía el único comprador posible, el que iba a ganar todas las licitaciones. Ahí aparecía Lázaro Baéz, el amigo del presidente de la Nación [Néstor Kirchner]”, detalló Mola.
“Estas eran constructoras que estaban instaladas en el mercado y tenían lo que era más difícil de conseguir para Austral: la capacidad de contratación. Austral era nueva no hubiera podido conseguir ninguno”, agregó el fiscal.
A diferencia del gobierno de Mauricio Macri, que había impulsado las denuncias contra Cristina Kirchner a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF), la administración de Alberto Fernández abandonó las acusaciones. En su alegato en el caso Vialidad y, en contra de lo que había hecho hasta entonces, la UIF pidió la absolución de Cristina Kirchner. La voltereta provocó una crisis interna en el organismo. El día anterior al alegato, el domingo 10 de julio, la vicepresidenta de la UIF, Luna Montes, presentó su renuncia.
Cristina Kirchner, acusada de corrupción, deberá escuchar hoy el alegato del fiscal. Llega a esta instancia imputada por haber liderado una asociación ilícita que direccionó obra pública vial hacia Lázaro Báez, quien ganó cerca del 80% de la obras en Santa Cruz, cotizadas en más de $46.000 millones.
El caso se basa en la construcción a partir de indicios y en pruebas directas surgidas de los expedientes de las licitaciones de obras públicas. Se habrían pagado sobreprecios y tolerado incumplimientos. Existen documentos que revelan que Báez tenía trato preferencial a la hora de cobrar, que sus empresas simulaban competir, que recibió adelantos inusuales y que se le pagó por obras inconclusas. Báez crea Austral Construcciones días antes de que Néstor Kirchner asuma la presidencia; se “exportan” funcionarios de Santa Cruz a la Nación; se concentra en Santa Cruz la obra vial y se la direcciona hacia Báez. En este juicio oral se investigan hechos que constituirían el delito precedente al lavado de dinero investigado en la “ruta del dinero K”, expediente en el que se condenó a Báez a 12 años por lavar unos US$60 millones.
