Las nuevas revelaciones del caso, a las que accedió Clarín, muestran cómo se movía parte del dinero con préstamos con las cooperativas, deudas entre empresarios con exfuncionarios de Quilmes. Un entramado que la justicia calificó de “sospechoso” y que podría esconder "dinero espurio". Scozzari es socio de The Wolf Building S.A, firma constructora a la que la municipalidad de Quilmes le adjudicó distintas obras por $ 85 millones. Tres de ellas recibieron contratos entre 2020 y 2021 -y algunos menos en el transcurso de este año-, por 535 millones de pesos. Es en la que figura la madre de Sebastián Raspa, exfuncionario de Quilmes, como tesorera.

Un informe de más de 17.000 hojas ingresó a la fiscalía de Silvia Cavallo en Quilmes. Más de la mitad de esa documentación corresponde a documentos de la AFIP con una gran cantidad de datos que se consideran relevantes para el caso que tiene como principal imputada a Mayra Mendoza.

La causa busca desentrañar una estructura a través de la cual se habrían desviado 535 millones de pesos, utilizando cooperativas que, a su vez, estarían vinculadas a exfuncionarios del municipio.

Las nuevas revelaciones del caso, a las que accedió Clarín, muestran cómo se movía parte del dinero con préstamos con las cooperativas, deudas entre empresarios con exfuncionarios de Quilmes. Un entramado que la justicia calificó de “sospechoso” y que podría esconder “dinero espurio”.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, impulsó una serie de medidas tendientes a descifrar los movimientos de dinero entre la Municipalidad, las cooperativas dedicadas a las tareas de recolección de residuos y mantenimiento de los espacios públicos, los exfuncionarios y la conexión con Mayra Mendoza.

Esta semana ingresó a la fiscalía una importante cantidad de documentación financiera de los principales acusados. Según indicaron a Clarín fuentes del caso, “existiría una trama que involucra a exfuncionarios del Municipio de Quilmes, quienes son parte o tienen control sobre cooperativas de trabajo que fueron beneficiadas con contrataciones por parte de la administración Mendoza”.

La cifra inicial bajo investigación son 535 millones de pesos, pero la justicia comenzó a observar que el dinero podría ser ampliamente superior.

El entramado es más amplio y complejo. Uno de los eslabones centrales es el ex subsecretario de Hábitat y Obras Pública, Sebastián Raspa, quien junto Martín Bordalejo comparten diversos emprendimientos, entre ellos las firmas Canton Tower Gestiones Integrales y JD Vitruvio.

Mayra Mendoza. Foto Lucia Merle

Otro nombre aparece en esta red de empresas vinculadas al entorno de Mayra Mendoza y a los contratos de su municipio. Es Alejandro Scozzari, que aparece como socio en JD Vitruvio. El empresario comparte sociedades offshore en Miami con Bordalejo. Un dato: ambas fueron desactivadas cuando el escándalo tomó estado público a través del sitio web El Disenso.

Scozzari es socio de The Wolf Building S.A, firma constructora a la que la municipalidad de Quilmes le adjudicó distintas obras por $ 85 millones. De hecho, el mes pasado, le concedieron los trabajos de refacción del Colegio Secundario 75 por más de $ 3,3 millones.

La Justicia detectó que hubo más movimientos de fondos a través de Bordalejo, que sería un nexo con cooperativas, el ex funcionario Raspa y el empresario con firmas en el exterior y dueño de empresas que recibe contratos del municipio de Mayra Mendoza.

Cooperativas con familiares

Bordalejo aparece como el puente con diferentes cooperativas. En algunas figura como autoridad, en otras con firma autorizada para las cuentas bancarias. Esto último consta en un informe de AFIP que se entregó al juez Armella el 30 de mayo. Otro punto de conexión es su domicilio declarado en Quilmes, que comparte con un conjunto de cooperativas.

El listado de cooperativas bajo investigación es extenso: Confederación Nacional de Cooperativas Limitada, Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero Limitada, Cooperativa de Trabajo la Estrella Limitada, Cooperativa de Trabajo para el Futuro Limitada, Cooperativa de Trabajo Barrio Unido, Cooperativa de Trabajo El Progreso Limitada, Cooperativa de Trabajo Unión de Azul y la Federación de Cooperativas de Trabajo 1° de Mayo Limitada.

Tres de ellas recibieron contratos entre 2020 y 2021 -y algunos menos en el transcurso de este año-, por 535 millones de pesos. Fueron mayoritariamente para tareas de recolección de basura y mantenimiento de espacios públicos. Al investigar una por una las cooperativas a las cuales se les levantó el secreto bancario y fiscal, la Justicia dio con otros datos relevantes.

Foto Guillermo Rodriguez Adami

Muchas de las entidades tienen, a su vez, vínculos con familiares de Bordalejo. Su padre, Julio Bordalejo, figura como tesorero de la Cooperativa de Trabajo Unión de Azul Limitada. Es una de las tres organizaciones que recibió la mayor cantidad de dinero: más precisamente, $ 82.740.000 por dos contratos de recolección de residuos de podas y desmalezado. Las obras fueron concedidas en junio del 2021.

Por otro lado, también figura la madre de Bordalejo, Susana Orellano, “vinculada con la Cooperativa de Trabajo El Progreso”, señalaron fuentes judiciales a Clarín, sobre la base de los informes comerciales que están bajo investigación. Dicha organización fue adjudicataria de tres contratos en abril, septiembre y octubre de 2021, que ascienden a $ 63.187.548 para tareas de fumigación y control de plagas, una red secundaria cloacal y la adquisición de hormigón. Todos esos servicios prestados por la misma cooperativa.

Sebastián Raspa no queda ajeno al entramado. Su madre también figura como tesorera de la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Limitada, según la documentación en manos del juzgado. Es otra de las organizaciones que recibió fondos millonarios del municipio de Mayra Mendoza.

Préstamos de cooperativas y de un ex funcionario

Al momento de analizar las declaraciones juradas ante la AFIP, la Justicia detectó que Bordalejo declaró haber recibido préstamos por $ 58.250.000 en 2020.

“Entre sus acreedores se encuentran Martín Leonel Borgio, quien es proveedor del Municipio de Quilmes (lo que se puede ver en el decreto 939/2020, 1634/2020, 1957/2021, entre muchos otros) y le prestó $ 19.500.000”, indicaron fuentes del caso a Clarín.

También aparece The Wolf Building, la constructora de Scozzari y proveedora del municipio de Mendoza, quien le prestó a Bordalejo $ 21.400.000.

Junto con esa información financiera, otro dato llamó la atención a los investigadores: Bordalejo declaró ante la AFIP que recibió dinero de la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Limitada por $ 3.600.00. Es en la que figura la madre de Sebastián Raspa, exfuncionario de Quilmes, como tesorera.

También se determinó que Raspa le prestó $ 7.350.000. “Dichos movimientos de fondos merecen ser investigadas, ya que podría tratarse de una manera de blanquear operaciones espurias”, fue una de las primeras conclusiones a las que arribó el ministerio Público Fiscal, que se encuentra analizando la información por pedido del juzgado.

La justicia trazó un primer mapa de nombres y eso les permitió observar cómo se vinculan las mismas personas a las cooperativas bajo investigación, a otras sociedades que son contratistas de la Municipalidad y a personas que, en simultáneo, recibieron fondos de la administración de Mayra Mendoza.

La justicia busca determinar el entramado de relaciones comerciales, y ver si a través del mismo se busca mover dinero para otras maniobras, como el blanqueo a través de empresas offshore, o el ocultamiento de los verdaderos patrimonios personales.

“Al menos es llamativo que funcionarios del Municipio sean socios de quienes reciben dinero de otra oficina de la gestión municipal”, señaló una fuente del caso a este medio.

NE

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