La subsecretaria del Servicio Penitenciario, María Laura Garrigós, denunció los lesivos efectos que ha tenido sobre los mecanismos de reinserción social la reforma al sistema penal realizada en 2017.
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“Hay muy pocos recursos para readaptación social” sostuvo Garrigós y explicó cómo se redujeron “notablemente las posibilidades de libertades condicionales sometidas a control estatal” para personas que cumplieron dos tercios de su pena y que podrían salir monitoreadas por el Estado.
En cambio, Garrigós, dijo que “la mayoría de los presos salen cuando finalizan su condena y entonces, el Estado ya no puede intervenir”.
La mayoría de los presos salen cuando finalizan su condena y entonces, el Estado ya no puede intervenir.
Además, explicó, que el 47% de los detenidos están en prisión preventiva, lo que impide que pueden ser sometidos al régimen de condenados, que implica mecanismos de reinserción social.
Garrigós, además, informó que el costo para el Estado de cada preso, mensualmente, ronda los 60 mil pesos mensuales, “el doble de lo que costaría el control electrónico con pulsera”.
Por este tipo de factores, para la funcionaria del sistema penitenciario, es que el “porcentaje de reincidencia ronda el 30%”.
