La interventora de la AFI saliente Cristina Caamaño durante estos dos años pareció más que la jefa de un servicio de inteligencia una abogada de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su “cruzada” contra el macrismo. Hizo 8 denuncias penales por supuesta inteligencia ilegal contra la AFI de Mauricio Macri. La jueza María Servini, finalmente, la sobreseyó pero la trató de “negligente”. “En otro país, un jefe de inteligencia por solo ese hecho hubiese sido despedido automáticamente”, comentó un diputado opositor. Para Milman este crecimiento de presupuesto y hombres de la inteligencia de la PSA podría “encubrir una AFI paralela”.

La interventora de la AFI saliente Cristina Caamaño durante estos dos años pareció más que la jefa de un servicio de inteligencia una abogada de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su “cruzada” contra el macrismo. Hizo 8 denuncias penales por supuesta inteligencia ilegal contra la AFI de Mauricio Macri.

Pero ese fervor, no le permitió por ejemplo enterarse a tiempo que el actual ministro de economía de Irán imputado por el atentado contra la AMIA, Mohsen Rezai, estaba en enero pasado en Managua para la reasunción de Daniel Ortega. Rezai tiene un pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina.

Además, no renunció a la presidencia de “Justicia Legítima” cuando asumió (es como si el jefe de la CIA presidiera en los EE.UU., a la vez, una asociación de jueces que apoya a Trump) y respaldó las marchas para pedir la renuncia de los miembros de la Corte.

Por eso uno de los respaldos en Twitter que tuvo fue el presidente de la comisión bicameral de Inteligencia, el cristinista Leopoldo Moreau, su más ferviente aliado en la “cruzada” contra el macrismo.

Así Moreau nunca aceptó, por ejemplo, los pedidos de diputados de la oposición como Cristian Ritondo, Miguel Bazze o Gerardo Milman de interpelarla por haber enviado el diario de actividades secreto de la AFI entre el 2016 y 2018 a la Justicia. Lo mandó en el 2021 a los fiscales de Lomas de Zamora sin tachar los nombres de unos dos mil espías y analistas de la AFI, entre otros datos secretos. La jueza María Servini, finalmente, la sobreseyó pero la trató de “negligente”.

“En otro país, un jefe de inteligencia por solo ese hecho hubiese sido despedido automáticamente”, comentó un diputado opositor.

Antes de ese escándalo. En el primer informe del 2020 de ante el Congreso, Caamaño reveló que el organismo estaba investigando el lavado de dinero a través del comercio de granos, maderas y de vinos como eventual fuente de financiamiento del terrorismo.

Además, aseguró que siguen de cerca al narcotráfico en la hidrovía Rosario-Paraguay y sobre el final dejó un dato que contrastó con las promesas de ajuste en los gastos que había realizado cuando llegó a la AFI. Y confirmó que tras dar de baja a más de 500 espías, su gestión incorporó a 350 agentes, muchos miembros de La Cámpora, según la oposición.

En 2021, el entonces diputado de Juntos por el Cambio y miembro de la Bicameral José Cano afirmó que un informe de la AFI se analizó la opción de comprar la vacuna Sputnik V, la china y la Astrazeneca, pero no la Pfizer, lo que alimentó las sospechas de la preferencia de Cristina por la opción rusa, como un tema geopolítico, no de salud.

El discurso de Caamaño transparentar la AFI -hasta donde se puede porque es un organismo secreto-, de no hacer inteligencia ilegal y concentrase en la “inteligencia estratégica” pareció positivo pero estuvo ensombrecido por la actuación del ex jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani, del ex número dos de la AFI Juan Martín Mena, entre otros miembros de círculo de confianza de la vicepresidenta.

Esas ideas también chocan con el pedido de informes al Gobierno de esta semana de los diputados Milman, Ritondo y Pablo Torello sobre gastos e incorporaciones en la dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Para Milman este crecimiento de presupuesto y hombres de la inteligencia de la PSA podría “encubrir una AFI paralela”. Clarín consultó a voceros del ministerio de Seguridad sobre esta denuncia opositora pero hasta el cierre de esta nota no habían contestado.

En el pedido de informes, los diputados de Juntos por el Cambio reclamaron al Gobierno saber el “número total de miembros y/ o efectivos de la PSA que estén cumpliendo tareas de inteligencia criminal, en cada Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria (URSA), como así también, el detalle de la conformación de las Unidades Operacionales de Seguridad Aeroportuaria Preventiva”.

Para el periodo 2021-2022, “especificar la cantidad total de efectivos que hayan sido incorporados en las áreas de Inteligencia Criminal, Seguridad Preventiva y Seguridad Compleja”, solicitaron.

Y pidieron un “detalle pormenorizado de cuáles han sido las mejoras que figuran como reacondicionamiento de Oficinas para Observaciones Judiciales en el Edificio Base de Investigaciones e Inteligencia PSA”. Milman sospecha que detrás de estos cambios está el ex titular de la PSA y ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, asesor del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Milman, ex viceministro de Seguridad de Cambiemos, advirtió que conoce -pero los mantiene en reserva por cuestiones de seguridad- “los nombres de jefes de la AFI y de Inteligencia de Defensa que fueron jubilados en forma anticipada y ahora fueron tomados por la PSA”.

Al margen de esta sospecha, quedó claro que Caamaño fue un alfil de Cristina más que de Alberto, quien con Rossi busca recuperar un área estratégica para todo presidente.

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