Hasta ahora, en el Congreso hay uno solo sobre salario básico universal, que fue presentado por el diputado Itai Hagman, integrante del Frente de Todos (FdT) y referente de Patria Grande.

A sabiendas de que la situación social transita un equilibrio frágil producto de la escalada de precios, el Gobierno evalúa alternativas para dar una respuesta urgente de ingresos a la población más vulnerable que no comprometa el monto que demandaría el Salario Básico Universal (SBU) y que podría implementarse “por etapas”.

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La Casa Rosada estudia opciones para responder a la demanda del SBU, que piden implementar las organizaciones sociales y también el cristinismo. La ministra de Economía, Silvina Batakis, ya dijo que el tema “ni siquiera está resuelto en países más desarrollados” y la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, remarcó que “no dan las cuentas” para avanzar con su financiación.

Ante la dificultad de implementar una medida que alcanzaría a 7,5 millones de personas, en la administración de Alberto Fernández analizan la posibilidad de avanzar “por etapas” y estudian la forma de delimitar el universo de eventuales personas beneficiarias por grupos. Por ejemplo, una de las ideas que barajan sería comenzar por las mujeres o por edad. La clave está en la definición del universo receptor.

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Sin embargo, en el Gobierno advierten que ese paso podría darse recién una vez que Batakis lograse acomodar su desembarco y se despejara la tensión en los mercados. En el Ministerio de Desarrollo Social, la cartera que conduce Juan Zabaleta, circulan diferentes alternativas. El ministro prefiere no hablar de “salario” sino de “ingreso” básico. “Yo soy peronista. El salario es un pago por un trabajo”, suele decir ante sus colaboradores.

Mientras tanto, las organizaciones sociales y el cristinismo presionan con sus propios proyectos. Hasta ahora, en el Congreso hay uno solo sobre salario básico universal, que fue presentado por el diputado Itai Hagman, integrante del Frente de Todos (FdT) y referente de Patria Grande. La iniciativa ingresó en mayo, impulsada por el grupo parlamentario que responde a los movimientos sociales alineados con el Gobierno. Allí se destacan Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli.

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En paralelo, el cristinismo también cocina su propuesta. En diálogo con Letra P, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, dijo que el “refuerzo salarial de emergencia” debería salir “en dos meses”, “por decreto o por ley en el Congreso”. Por pedido de Cristina Fernández de Kirchner, también trabaja en un proyecto la senadora Juliana Di Tullio, titular del bloque de Unidad Ciudadana, que explora posibilidades para que la iniciativa consiga los consensos para pasar el filtro del Congreso, en general, y del oficialismo, en particular.

Para eso, requiere el visto bueno de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía. Cristina reveló hace diez días, en su discurso en Ensenada, que había hablado sobre el tema con Juan Grabois y que había que comenzar a discutirlo. El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presiona en la calle y, en las últimas horas, también amenazó con abandonar el FdT. Este miércoles, no fue a la reunión de los movimientos sociales con el Presidente, a modo de previa de la protesta que sectores de izquierda llevaron este jueves a la Plaza de Mayo, en demanda de un bono de 20 mil pesos.

El SBU consiste en una prestación mensual no contributiva equivalente a la canasta básica de una persona adulta. Abarcaría a un universo de 7,5 millones de personas y tendría un monto cercano a los 14 mil pesos. Funcionaría como un salario de base para quienes están en la economía informal.

Este miércoles, un grupo de movimientos sociales, la CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma anunciaron una marcha con cortes en todo el país para el 20 de julio, en reclamo de la creación del Salario Básico Universal. El Gobierno entiende que la demanda “es legítima” y espera dar una respuesta en los próximos días.

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