Aseguró que la investigación debe seguir en La Plata, al fundamentar que “las maniobras bajo lupa son atinentes a la administración pública de la provincia de Buenos Aires”. El fiscal federal porteño Franco Picardi acaba de hacer correr una gota de sudor frió por la espalda de todos los involucrados en la mesa judicial bonaerense al dictaminar que la causa por la presunta “mesa judicial bonaerense”, conocida como la “Gestapo” macrista, debe continuar a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y no debe pasar a la órbita de Comodoro Py. Picardi fundamentó que el caso debe seguir en La Plata porque «las funciones públicas e incluso los negocios privados que integrarían las maniobras bajo lupa son atinentes a la administración pública de la provincia de Buenos Aires«. Si bien el dictamen sostiene que el pase de la causa a Comodoro Py “no puede prosperar”, será la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reclamar la inhibición en la investigación y su envío a la sede judicial porteña. El dictamen fue emitido luego del planteo de inhibitoria hecho por el exjefe del área jurídica de la AFI Juan De Stéfano, quien sostuvo que la causa de la mesa judicial debe pasar a Comodoro Py (zona de confort para el macrismo), ya que allí tramita otra investigación por espionaje ilegal, por la que se encuentra procesado.

Aseguró que la investigación debe seguir en La Plata, al fundamentar que “las maniobras bajo lupa son atinentes a la administración pública de la provincia de Buenos Aires”.

El fiscal federal porteño Franco Picardi acaba de hacer correr una gota de sudor frió por la espalda de todos los involucrados en la mesa judicial bonaerense al dictaminar que la causa por la presunta “mesa judicial bonaerense”, conocida como la “Gestapo” macrista, debe continuar a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y no debe pasar a la órbita de Comodoro Py.

Picardi fundamentó que el caso debe seguir en La Plata porque «las funciones públicas e incluso los negocios privados que integrarían las maniobras bajo lupa son atinentes a la administración pública de la provincia de Buenos Aires«.

El fiscal además argumentó que la reunión entre funcionarios bonaerenses y empresarios de la construcción, que ha sido puntapié de la investigación, tuvo lugar en el Banco Provincia, “una institución central” de la jurisdicción, y agregó que, a excepción de tres miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), las sedes centrales de mandato, negocios y residencias de los cinco funcionarios públicos y los seis empresarios imputados “se ubican en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires”.

“Los criterios de territorialidad que reclama que se apliquen para el examen de la competencia carecen de momento del respaldo probatorio suficiente y no se adecúan a los criterios establecidos por la Cámara Federal de Casación Penal”, añadió Picardi.

Si bien el dictamen sostiene que el pase de la causa a Comodoro Py “no puede prosperar”, será la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reclamar la inhibición en la investigación y su envío a la sede judicial porteña. El dictamen fue emitido luego del planteo de inhibitoria hecho por el exjefe del área jurídica de la AFI Juan De Stéfano, quien sostuvo que la causa de la mesa judicial debe pasar a Comodoro Py (zona de confort para el macrismo), ya que allí tramita otra investigación por espionaje ilegal, por la que se encuentra procesado.

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