Hasta tenían la Cédula Azul a su nombre. A pesar de las pruebas y el dictamen en la Justicia, el Jefe de Gobierno porteño los mantiene en funciones.
Cada vez son más claros los casos de corrupción en el gobierno de la Ciudad y, proporcionalmente, cada vez es mayor el silencio mediático que cubre al Jefe de Gobierno porteño. Sale a la luz, recién ahora y desde este medio, de un flagrante caso de corrupción que toca a dos altos mandos del gobierno porteño.
A través de una minuciosa investigación judicial se pudo determinar que un automóvil, Fiat 500 «Cinquecento» vinculado a una empresa inmobiliaria «pantalla» y en cuya compra intervino un empresario de la construcción ganador permanente de obra pública en la Ciudad, era «asignado» a dos funcionarios de alto rango, uno de ellos muy cercano a Rodríguez Larreta, para que dispusieran del mismo a su antojo, contando hasta con la correspondiente autorización de manejo a su nombre.
Paula Matach Krumpholz
Los funcionarios involucrados son Paula Matach Krumpholz, Directora General de Articulación Interjurisdiccional del ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde agosto del año pasado e hija de dos ex funcionarios del gobierno de Urtubey en Salta, que ingresó al gobierno porteño en 2015 como Asesora en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El otro, Carlos María Pedrini, en en gobierno desde 2004, quien hizo carrera de la mano de Carolina Stanley y que, en 2020, fue designado por Larreta a través del DECRETO N.° 79/20 como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Más aún: Pedrini es uno de los hombres de confianza de Horacio Rodríguez Larreta, a quien le maneja territorialmente la campaña presidencial.
Con @edumacchiavelli, Carlos Pedrini, @jorge_hiruela, @angelinilucho y referentes de PRO Jujuy, nos reunimos para charlar y trabajar juntos en proyectos que ayuden a la Argentina a ser un país más federal. pic.twitter.com/FOSuAfXVKn — Osmar Monaldi (@OsmarMonaldi) May 20, 2022
Dólares ocultos
El 1° de febrero de 2016, Aída Nelly Campo Vilchez, una ciudadana peruana, fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza por la PSA mientras intentaba abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Un control de rutina reveló que llevaba encima 49.222 dólares ocultos entre un bolso de mano, entre las páginas de una agenda, entre sus zapatillas y en una pequeña bolsa de tela rosa que había calzado bajo su corset.
Este hecho derivó en una investigación judicial que determinó que la mujer era una delegada barrial de una de las zonas más pobres de la Villa 31 bis, que manejaba una cooperativa que hacía «negocios» con la Ciudad y a su vez, presidía una inmobiliaria (sin actividad) llamada «Santos Caracoles S.A.».
El año pasado el Tribunal Oral Penal Económico Nº 1 terminó condenando a Campo Vilchez por el delito de tentativa de contrabando de divisas que concurre en forma real con el delito de receptación de ese dinero proveniente de un ilícito penal. Pero más allá de la condena, es muy interesante leer el fallo y las conclusiones a las que arribó la Justicia.
