Ni el Gobierno ni la Justicia ni la policía. Nada es creíble para una importante mayoría social, que sigue convencida de que el intento de atentado a Cristina Kirchner fue, en realidad, un autoatentado para sacar provecho político después de las gravísimas acusaciones que le hizo la Justicia.
Según varias encuestas, entre el 50 y el 55 por ciento de la sociedad no cree que haya habido un verdadero afán de matar a la vicepresidenta. Aún cuando se vio en fotos y en televisión un revolver apuntando a la cabeza de Cristina Kirchner, y a pocos centímetros de ella, el acto es, para esa mayoría social, un simple montaje. El propio oficialismo hizo mucho para cultivar esa desconfianza porque usó políticamente el hecho desde el mismo instante en que sucedió. Feriado, manifestaciones, sesiones especiales en el Congreso y hasta una misa en el más importante santuario nacional por un magnicidio que nunca ocurrió.
Demasiado para una sociedad en la que, salvo para el fanatismo kirchneristas, prima el hartazgo ante tanta inestabilidad en la vida cotidiana, ante la inoperancia de una dirigencia que no cumplió con ninguna de sus expectativas. Para peor, las encuestas no sumaron un solo punto más de adhesión a la vicepresidenta, que ya venía con las peores mediciones que haya tenido hasta ahora un líder peronista.
La desconfianza sobre lo que ocurrió en la noche del jueves 1º de septiembre no se instaló solo en la gente común. Hay importantes políticos y hasta funcionarios judiciales que no creen que se haya tratado de un hecho aislado, perpetrado por lúmpenes resentidos con el sistema político y económico. Si se les da a elegir, prefieren quedarse con la hipótesis de un autoatentado, supuestamente organizado para levantar la tambaleante figura política de la expresidenta.
Las preguntas que se hacen no son absurdas. Tienen su lógica. Por ejemplo: ¿por qué justo ese día, un jueves, no un día feriado, estuvo ausente el jefe de la custodia vicepresidencial, un hombre de la máxima confianza de Cristina Kirchner y quien está a cargo de su seguridad desde hace muchísimos años? ¿Por qué la Policía Federal envió al juzgado a un experto en delitos cibernéticos en lugar de un especialista en teléfonos, que fue quien manipuló de tal manera el celular del autor del intento que borró gran parte de su memoria? ¿Por qué, si lo que estaban investigando era nada menos que un intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación? ¿Por qué la numerosa custodia de la vicepresidenta miraba solo hacia ella en los momentos previos al ataque en lugar de mirar el caótico contexto que rodeaba a Cristina Kirchner? ¿Por qué, si mirar el contexto es lo que hacen las custodias en serio? ¿Por qué los llamados “copitos” estuvieron en un canal de televisión, con simpatías hacia el oficialismo, durante los días previos al intento de atentado, vociferando contra Cristina Kirchner y el Gobierno? ¿Quién invitó al estudio de televisión de ese canal a Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, que fue quien gatilló sin suerte la pistola? ¿Quién, si la Justicia estableció que es ella la autora intelectual del intento de magnicidio, aunque su novio haya sido el autor fáctico? ¿Por qué merodean por la causa abogados que estuvieron relacionados con la “operación Puf”, montada para destruir al fiscal Carlos Stornelli, que investigó la causa de los cuadernos, y con otra operación, que se articuló en su momento para recusar al juez Sebastián Casanello en la causa del dinero K?
Debe recordarse que dos supuestos testigos aseguraron que el juez Casanello se había reunido con Cristina Kirchner en la residencia de Olivos cuando ella era presidenta. Suficiente para ser recusado. Pero hubo un problema: no era cierto. Fueron falsos testimonios. Los supuestos testigos terminaron presos.
Sabag Montiel
Más allá o más acá de tales preguntas, fuentes judiciales repitieron lo que siempre señalan jueces, fiscales y abogados: lo que no está en el expediente no existe. Los funcionarios judiciales que desconfían aclaran que sus dudas se basan en conjeturas y que ellos no tienen acceso al expediente. En rigor, los únicos que tienen acceso al expediente son la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, porque la causa está todavía encerrada en el secreto del sumario que estableció la magistrada.
Sucede, al mismo tiempo, que el propio kirchnerismo se encargó de enviar mensajes confusos sobre la autoría del intento de atentado. El abogado Gregorio Dalbón, que es abogado de Cristina Kirchner en varias causas, escribió en un tuit que los autores podrían ser “tropa propia”, aunque luego borró ese mensaje en las redes sociales. ¿Quiénes son la “propia tropa”? ¿Acaso se refería a agentes de los servicios de inteligencia? No hay respuestas, por ahora.
