A pesar de tantas noticias en las que los mensajes de la grieta se imponen, siempre potenciados por los liderazgos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri y su reproducción por parte de los seguidores más enfervorizados que dejan la piel defendiendo “modelos antagónicos”, los principales negocios de la Argentina no acusan recibo para nada de esa división. Al contrario, son el reflejo más cabal de que cuando se trata de plata, las diferencias quedan de lado sin más.
Así se ve claramente con el llamado gasto tributario asignado en el Presupuesto 2023, es decir, el capítulo de impuestos que el Estado deja de recaudar, aún en un contexto de ajuste fiscal, para beneficiar a ciertas actividades económicas. El número que sobresale son los $519 mil millones que se calcula que se resignarán por no cobrar IVA ni Ganancias a la producción de electrónicos en Tierra del Fuego, la isla en la que se cristaliza la primera demostración de que la polarización encuentra excepciones.
Sin diferencias. El régimen de promoción de Tierra del Fuego consume dólares y cuesta 10 veces el programa de incentivos al software, que exporta.
Las principales empresas del sector pertenecen a dos accionistas emblemáticos en ambos polos de la discusión política. Rubén Cherñajovsky, el factótum del grupo NewSan, es un mecenas histórico de Daniel Scioli y de todo el peronismo. Incluso se convirtió en el caso modelo de la reconversión obligada en los tiempos de Guillermo Moreno para que las compañías consigan sus propios dólares. En su momento compró una pesquera y hoy es el principal exportador de langostinos del país. La familia Caputo, en tanto, controla Mirgor, el otro gigante del ramo. Ahí talla nada menos que Nicky, el hermano de la vida del ex presidente y líder de Juntos por el Cambio.
El modelo de promoción industrial cuenta entonces con el tácito respaldo de todo el espectro político a pesar de que habría motivos para ponerlo en discusión. El ensamble de componentes electrónicos importados lo transforman en una máquina de consumir divisas, y su costo fiscal es unas diez veces el que tiene asignado el régimen de incentivos a la economía del conocimiento ($53 mil millones), que exporta por US$6000 millones al año. La explicación de su relevancia suele ser que es clave por cuestiones geopolíticas, para poblar esa zona del país. Da empleo a unas 10 mil personas.
