El fiscal Diego Luciani, traje azul oscuro, camisa blanca, corbata al tono con rayas blancas, empezó el primer alegato en un juicio oral y público por corrupción en la que la principal acusada es Cristina Kirchner en pleno ejercicio de su poder. Es vicepresidenta.
El caso se tramita en la última instancia procesal tuvo su primera audiencia en el 2019. La vice intentó frenar este proceso con mil argucias legales, permitidas en los laberintos de las normas jurídicas nacionales. No lo logró. Pasaron 600 horas de juicio. Declararon una infinidad de testigos, incluidos el presidente Alberto Fernández.
La vice intentó suspenderlo todo sabiendo que las pruebas que se expondrían en su contra son difíciles de refutar. O imposibles. Al menos ella no lo hizo cuando le tocó declarar en indagatoria frente al Tribunal Oral Federal 2 y al fiscal Luciani. “¡La historia me absolverá!”, les gritó en la cara a los magistrados y al fiscal.
Pasó el tiempo.
En ese clima y con esa tensión, aunque desde aquel día pasaron tres años, empezó su alegato público Luciani junto a su coadyudante, el fiscal Sergio Mola. Hoy, Luciani es una figura pública que pasó a tener centralidad en esta trama. Por su modo de exponer el alegato contra la vice, a la que le pedirá una condena de cárcel por ser considerada la líder de una asociación ilícita que entre 2003 y el 2015 benefició desde la cúspide del Estado a su entonces socio comercial, Lázaro Báez, con 51 contratos de obra pública por un total de 46 mil millones de pesos.
De acuerdo a Luciani y Mola, casi todas esas obras no se concluyeron, quedaron inservibles, aunque igualmente Báez cobró no solo más dinero del estipulado porque pidió extender el tiempo para finalizarlas, sino porque también fueron cotizadas con sobreprecios y direccionadas para que sean adjudicadas a su empresa Austral Construcciones, primero, y luego a otro grupo de constructoras que adquirió debido a que su patrimonio comercial creció 43 mil por ciento en los 12 años K, mientras que él se enriqueció en forma personal con un aumento de bienes y dinero de 12 mil por ciento más que cuando todo empezó, en mayo del 2003.
Luciani preparó un alegato que generó estrépito en la familia Kirchner y los otros trece imputados en este proceso. Enumeró junto a Mola infinidad de pruebas, mencionó documentación y resoluciones discrecionales. Las audiencias del juicio se transmiten por la web y no son presenciales. El fiscal se mostró histriónico, y durante las largas horas de su alegato no perdió el hilo conductor no solo de la matriz de posible corrupción de esta causa en particular.
También logró hilvanar, junto a Mola, datos y dichos de testigos y arrepentidos, información bancaria y comercial que son partes de los otros juicios por corrupción que muy posiblemente se desarrollen a pesar de que los Kirchner intentan frenarlos.
Dos de ellos son en particular complejos para ellos y se unificaron para que los procesos se cumplan en paralelo: la llamada causa Hotesur, que busca desentrañar si la familia Kirchner usó su cadena de hoteles para lavar dinero de origen ilegal que les aportó Báez y su holding, un mecanismo similar al que habrían desplegado con otra sociedad comercial, Los Sauces SA, un inmobiliaria sin domicilio, ni empleados, pero con muchas propiedades que los entonces presidentes les alquilaron a dos clientes: el fiel Báez y el empresario multi rubro, siempre concesionario estatal, Cristóbal López. Ese juicio fue suspendido pero la Cámara de Casación lo reabriría antes de fin de año.
“Un juicio, todos los juicios”, podría resumirse a este trabajo del Ministerio Público Fiscal. “Todos los fuegos el fuego”, es el título de uno de los libros de cuentos más renombrados de Julio Cortázar. Todos los juicios, el juicio, es una alusión libre a este momento jurídico que la vice buscó impedir.
El fiscal de “Vialidad” reveló que en el Iphone del ex funcionario se detectaron mensajes que incriminaban a Cristina con Báez, y sobre todo a Máximo Kirchner, con la matriz de la obra pública direccionada hacia el holding del empresario que pasó de ser un empleado de banco a magnate súbito. “Ella orquestó el plan huir, abandonar las rutas y limpiar todo”, afirmó el fiscal.
Mostró entonces chats que, según él, probaron que fue la entonces presidenta, junto a López, Báez, y también su hijo, los que coordinaron que se le pagase al constructor dilecto K todo lo que el Estado le debía antes de que el peronismo dejase el poder en diciembre del 2015. Pasó. Las constructoras de Báez dejaron de trabajar.
Las obras quedaron a medio hacer, al menos la gran mayoría que se planificaron para Santa Cruz. “Máximo tenía intervención y conocimientos sobre lo que se licitaba en su provincial”, alegó el fiscal.
El impacto del alegato y la profundización en detalles de normas técnicas dictadas, según los fiscales, solo para que Báez pudiera seguir consiguiendo contratos a pesar de no contar con los papeles en regla, provocó que la vicepresidenta y su abogado, Carlos Beraldi, decidieran recusar al fiscal Luciani y al juez Rodríguez Uriburu, afirmando que tenían una relación de amistad íntima, y que además ocultaron que jugaban al fútbol en un quinta del ex presidente Mauricio Macri. También se recusó, por otros temas, al juez Gorini y al fiscal Mola.
Las últimas audiencias fueron utilizadas por los fiscales para informar sobre los bienes que logró adquirir Báez gracias a los contratos que recibió de parte de los Kirchner. Y para agregar cómo los ex presidentes, y su hijo Máximo, aumentaron su fortuna gracias a que Báez les alquiló a precios exorbitantes para el mercado tres de sus hoteles en El Calafate. Lo mismo que hizo con otras muchas propiedades de la familia K que les rentó a su contratista y socio mediante la inmobiliaria Los Sauces.
En el oficialismo, y en Tribunales, dan por descontado que la propia Kirchner hará uso de la palabra en el momento en que le toque hacerlo.
El fiscal Luciani empezó su alegato diciendo, entre otras cosas, esta frase: “Lo mínimo que la sociedad espera, y que todos los que asistimos a este juicio pretendemos, es que los funcionarios públicos se expidan con objetividad”.
“El Ministerio Público Fiscal se va a hacer cargo de valorar todas las pruebas”, avisó. En el inicio de todo, cuando empezó a hablar, le avisaron que se le escuchaba mal y poco.
“¿Ahora está bien?”, preguntó después de ajustar el sonido.
Le contestaron que sí.
