El candidato de José Luis Espert en la localidad de Lincoln, Gerardo González, oriundo del noroeste bonaerense, se hizo conocido en los meses siguientes a la irrupción de la pandemia, al recorrer la ciudad militando la boleta libertaria. Además, encabezó la lista de senadores provinciales de Avanza Libertad por la cuarta sección electoral.
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De acuerdo a sus propios seguidores, se transformó rápidamente en una suerte de pastor evangélico del movimiento, llevando la palabra de la libertad financiera a todos los contribuyentes que quisieran escucharlo. Partidario de la eliminación de la presión fiscal, aseguró: “No voy a aprobar ningún presupuesto provincial que no incluya partidas para hacer nuevos kilómetros de rutas provinciales”.
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Poco antes de las elecciones que consagrarían ganador a Alberto Fernández, la gestió de Mauricio Macri le otorgó un jugoso contrato en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI. Allí, a pesar de que el grueso de sus afiliados cobra el mínimo haber jubilatorio, el otrora candidato libertario se alza con un salario de 263.368 pesos mensuales. Nada mal como retribución a la evangelización de Lincoln.
En las últimas horas, y en un curioso giro ideológico del líder libertario, González exigió la “absolución pública” de Cristina Fernández de Kirchner respecto a todas las causas que la vicepresidente cursa en la Justicia. “Basta de empecinarnos en buscar Justicia a este costo. Absolución pública para ella y se acabarán la mayoría de nuestros problemas coyunturales”, afirmó a través de un posteo en sus redes sociales.
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“La agobiante situación económica nos impone ser prácticos y resolutivos”, sugirió. “La vía inmediata para revertir estos últimos años de decadencia es atacando su causa, lo que implica liberar a ella de todas sus causas judiciales”, aseguró.
De acuerdo a González, “la búsqueda de Justicia para con ella, nos lleva insumiendo ya seis años de tremendo costo económico, y por ende humano, que pagamos millones de ciudadanos inocentes”. Según el agente del PAMI, se trata de “un costo excesivamente alto, que por la finitud de la delincuente en cuestión, como ciudadano y contribuyente argentino, no estoy dispuesto a seguir”.
