Di Filippo encabeza ahora una dirección en la subdirección de Recursos Humanos, a cargo de la ex ministra Cecilia Rodríguez, una funcionaria referenciada en el kirchnerismo. Fue a través de una presentación en el organismo en la que pidió la nulidad de todos los procesos iniciados por la AFIP durante la gestión de Alberto Abad y de Leandro Cuccioli. Cruzaron un saludo en la última visita de la jefa de la AFIP al Senado. El detonante, según trascendió en su momento, fue una decisión judicial vinculada a la causa cuadernos en la que la UIF debía intervenir. Ambos nombramientos fueron en la subdirección de Asuntos Jurídicos, un área signada por los cambios y atravesada por la puja que sacude a todo el gobierno.

Antes de renunciar, Juan Pablo Fridenberg dictaminó, por pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), que parte de los 35 millones de dólares que Gianfranco Macri blanqueó durante la gestión de su hermano se hizo de manera ilegal porque, según los papeles, la beneficiaria directa de ese fideicomiso era su madre, impedida de someterse al blanqueo por la ley votada por el Congreso.

Fridenberg, un abogado reconocido con más de veinte años de trayectoria dentro de la AFIP, tenía a cargo la Subdirección de Asuntos Jurídicos, un área sensible que desde la administración de Cambiemos tuvo un rol relevante cuando el organismo definió impulsar una serie de investigaciones en la Justicia federal contra Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios K, una decisión política de la gestión de Mauricio Macri sin precedentes. Después de ese y otros dictámenes, el funcionario, especialista en derecho tributario, renunció para pasarse al sector privado.

Desde que asumió al frente de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont también quedó envuelta por la tensión interna alrededor del gabinete económico cuestionado por Cristina Kirchner. “No voy a hablar de lo que aprecio y admiro a Mercedes porque se va a ir la tarde”, la presentó Alberto Fernández en el 2019 cuando oficializó a sus colaboradores.

En esa guerra sin cuartel, el área de Asuntos Jurídicos no pudo escaparle a los intereses en pugna de la coalición de gobierno. En los últimos años, también en la gestión anterior, hubo decisiones que favorecieron a uno y otro bando.

La salida de Fridenberg es la última de una serie de movimientos que en estos años sacudieron al área, y se trata del tercer funcionario que deja la subdirección, que tenía a cargo aunque formalmente seguía al frente de la dirección de Coordinación Judicial.

El primer jefe fue Guillermo Sorrentino. Después fue reemplazado por Lorena Di Filippo, que saltó del Senado -había sido nombrada por Graciana Peñafort- al organismo en medio de trascendidos vinculados al caso Oil Combustibles, una investigación impulsada desde la AFIP que en septiembre pasado se retiró como querellante del juicio por defraudación, cuya sentencia, a fin de año, le asestó un duro revés a Ricardo Echegaray.

Di Filippo encabeza ahora una dirección en la subdirección de Recursos Humanos, a cargo de la ex ministra Cecilia Rodríguez, una funcionaria referenciada en el kirchnerismo. Fridenberg será reemplazado por María Laura Nardín, una abogada que responde a Silvia Traverso, la directora de la Aduana.

Todas las decisiones, sin embargo, pasan por Juan Capello, mano derecha de Marcó del Pont: es el subdirector general de Coordinación Técnico Institucional. Durante el macrismo, fue jefe de uno de los departamentos legales de un área, la jurídica, que Cristina Kirchner denunció, en febrero el 2020, como parte del supuesto “lawfare” contra su figura. Fue a través de una presentación en el organismo en la que pidió la nulidad de todos los procesos iniciados por la AFIP durante la gestión de Alberto Abad y de Leandro Cuccioli.

En diciembre de ese año, Marcó del Pont se hizo eco de la presentación: denunció en la Justicia el “hostigamiento fiscal” contra la ex Presidenta y su familia, un trabajo que hicieron desde la DGI y desde la Subdirección de Asuntos Jurídicos.

Cuando asumieron las nuevas autoridades, Cristina Kirchner se ocupó de que la AFIP tuviera a dos funcionarios que le responden: Virginia García al frente de la DGI y Carlos Castagneto en Seguridad Social. El ex diputado, cercano a Alicia Kirchner, aún maneja las finanzas de Unidad Ciudadana, el sello que la ex Presidenta, enemistada con Alberto Fernández, empezó a usar de nuevo.

En los pasillos del organismo aseguran que Marcó del Pont hizo todo lo que pudo para que Cristina Kirchner simpatizara con ella. En noviembre del 2013, la ex mandataria la había echado del Banco Central para poner en ese lugar a Juan Carlos Fábrega, en medio de un proceso de pérdida de reservas. Desde ese episodio, la economista nunca fue bien considerada por la Vicepresidenta. Cruzaron un saludo en la última visita de la jefa de la AFIP al Senado. Desde el massismo también miran con recelo la gestión del organismo.

Para colmo, Echegaray, que todavía conserva algunos nexos con el kirchnerismo, se mantuvo en estos años al acecho. En los últimos meses, el ex recaudador intentó hacer algunas gestiones a través de Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia. Al menos una de esas consultas, sin aparente éxito, fue confirmada a este diario por fuentes oficiales.

A la salida de Fridenberg se le sumó además en estos días dos nombramientos que, puertas adentro, no pasaron desapercibidos.

Uno es el de Mariana Quevedo, la ex subdirectora de la Unidad de Información Financiera (UIF) que dejó el organismo en octubre pasado junto a su titular, Carlos Cruz, en medio de una ola de cuestionamientos internos. Según trasciende, está relacionada al kirchnerismo. El detonante, según trascendió en su momento, fue una decisión judicial vinculada a la causa cuadernos en la que la UIF debía intervenir. Ahora le asignaron una jefatura de departamento.

La otra designación reciente es la de Ernesto Rosa Valdés, promovido por Cecilia Rodríguez y del riñón de la ex ministra Nila Garré. Ambos nombramientos fueron en la subdirección de Asuntos Jurídicos, un área signada por los cambios y atravesada por la puja que sacude a todo el gobierno.

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